Conviene recordar que los
modelos de gestión clínica vienen importados de contextos como el
de EE.UU., muy fragmentados, donde coexisten diferentes aseguradoras
sanitarias de índole privado y multitud de proveedores públicos y
privados, con un gasto sanitario absolutamente disparatado.
En España se ha ido
introduciendo auspiciado por el Ministerio de Sanidad y otros entes
como el autodenominado “Foro de la profesión médica”, FACME o
la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) quienes agrupan a
gerentes y directores de centros hospitalarios públicos y privados,
que son los realmente beneficiarios de esta “alianza ultraliberal”
para la privatización del Sistema Sanitario Público. Como la
poderosa organización denominada “Club Gertech” compuesta por
gerentes y altos directivos sanitarios y con el patrocinio de grandes
empresas tecnológicas y farmacéuticas (Philips, Medtronic, Roche,
Nec Corporation o Citec-B) especialmente de EE.UU. y China. Este
economicista modelo de gestión de los servicios sanitarios públicos
utiliza las Unidades de Gestión Clínicas como fórmula para
fraccionar los centros sanitarios convirtiéndose a la larga en
múltiples empresas controladas por directores políticos con
autonomía para disponer de una cartera de servicios para vender a
otros servicios y centros, creando un mercado sanitario.
En Andalucía, el
Gobierno Andaluz no ha perdido el tiempo ni la oportunidad para
sumarse a este solapado intento de privatización de los servicios
sanitarios públicos. Para ello ha promovido y aprobado diversos
decretos que articulen esta nueva fórmula de gestión en Andalucía,
como el Decreto 462/1996 de 8 de octubre, de ordenación asistencial
y de órganos de dirección; el Decreto 197/2007 de 3 de julio, por
el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
atención primaria; Decreto 75/2007 de 13 de Marzo, sobre la
provisión de puestos directivos y cargos intermedios; Decreto
77/2008 de 4 de Marzo, de ordenación administrativa y funcional de
los servicios de salud mental… y tantos otros que favorecen y
permiten la instauración paulatina de la fragmentación de los
servicios sanitarios andaluces.
Esta nueva fórmula
mercantilista de transformación de la salud pública en gestión
clínica va sustituyendo conceptos como el de paciente por
consumidores o clientes. Venden la idea de que se dota de mas
autonomía a los servicios hospitalarios, la incorporación de
profesionales a la administración de los recursos augurando un mayor
compromiso, pretenden garantizar factores de eficiencia y de eficacia
pero, en realidad estas Unidades de Gestión Clínicas están
compuestas por directores cuya tarea primordial es seguir con las
líneas marcadas desde mas arriba, su función es rentabilizar costes
a base de recortar en personal ,no solo no contratando mas
profesionales sino duplicando las tareas y funciones a otros,
incentivando a los “alfiles” que coordinan, duplicando las cargas
laborales a los “peones”. Los profesionales de la salud deben ser
consultados y comprometidos en sus objetivos en mejora de los
servicios no utilizados arbitrariamente para sostener el “sistema”.
Tampoco acortan el “abanico salarial” siendo cada vez mas abismal
e insostenibles las diferencias entre los que menos ganan y los que
mas. Utilizando criterios de “productividad” que privilegian e
incentivan a las clases mas pudientes.
Este sistema es perverso
porque se burocratizan aún mas las tareas siendo lo importante la
estadística (nº de veces que) cuantitativa; Escasa participación
de los profesionales y aún menos en la toma de decisiones; demasiada
diferencia salarial entre los estamentos y categorías; los recortes
van dirigidos fundamentalmente a ahorro salarial; Mas deshumanización
y marginación laboral; No hay transformación porque no hay
compromisos; los incentivos mal planteados incrementan el deterioro
de la sanidad pública o se convierte al director de UGC en un
gerente económico empresarial.
La sanidad pública no es
de los médicos, ni de los profesionales sanitarios en general, ni de
los políticos. La sanidad pública es del conjunto de la ciudadanía.
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